La despenalización del aborto es uno de los tópicos más conflictivos y polémicos de la escena política actual. Este fenómeno no sólo ocurre en nuestro país, sino en casi todo occidente. La mayor dificultad a la hora de plantear un debate sano es la imposibilidad total de llegar a un consenso, toda vez que se enfrentan dos ideas completamente antagónicas. Por un lado, se encuentran los abortistas, quienes ponen el foco en las libertades de la mujer embarazada. Por el otro lado encontramos a los grupos pro-vida, que ponen el foco en el derecho humano, inalienable y absoluto, de permanecer con vida.
En cualquier caso, la solución legislativa significa la imposición de un sistema moral sobre el otro. Esto significa que, si bien ambos derechos a priori parecen loables, no pueden sobrevivir de manera simultánea. Necesariamente una postura reinará en la sociedad imponiéndose sobre las creencias de quienes no estén de acuerdo.
Sin embargo, el tema que me preocupa es otro. En el presente artículo no intentaré convencer al lector de tomar partido por una postura u otra. Confío en la inteligencia del pueblo argentino a la hora de decidir su legislación, y no revelaré en estas líneas cual es mi simpatía.
Quisiera ofrecer una respuesta a una pregunta académica que los políticos se están negando a hacer. ¿Tiene el poder legislativo argentino la potestad de legalizar el aborto en pleno año 2018? El debate necesariamente se relaciona con nuestra calidad institucional.
El problema técnico en la legislación actual
Nuestro sistema jurídico forma parte de lo que se conoce como “la familia del derecho romano-germánica”. La principal característica de esta familia jurídica es que la ley vigente es escrita, forma un todo armónico, y tiene jerarquías normativas dentro del sistema. Esto significa que no todas las leyes tienen el mismo valor.
En tal sentido, nuestra ley suprema es la Constitución Nacional, la cual le ha permitido tener la misma jerarquía a ciertos tratados de derechos humanos. Por debajo encontramos los tratados con otras naciones, seguidos por la legislación nacional, luego la ley local y finalmente los reglamentos.
Ahora bien ¿Por qué resulta importante esta introducción para entender si el congreso está habilitado para debatir el aborto?
La respuesta es simple. El código penal, que es donde figura la norma que castiga el delito de abortar, es una ley de rango inferior a los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional del Art. 75 inc. 22 CN. Y varios de los tratados mencionados aceptan el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Esto significa que, aún cuando se derogue el delito de aborto, la finalización voluntaria del embarazo seguirá siendo un acto contrario a la ley, porque el ser humano prenatal (feto) es un sujeto de derecho para nuestra legislación.
La única manera en que el poder legislativo podría imponer un “aborto legal” es mediante una reforma constitucional. Y la reforma constitucional requiere que, por voto de las dos terceras partes de ambas cámaras, se convoque a una asamblea constituyente para derogar el art. 75 inc. 22 CN. Amén de la necesidad de modificar los tratados firmados con otras naciones del mundo.
El problema que persiste
Sin embargo el problema persistirá aún con la reforma constitucional. Una legalización a favor del aborto irrumpirá la armonía legislativa. Muchas de nuestras instituciones legales, como es el caso de los alimentos paternos a favor de los hijos, se basan en la falta de libertad de elección que tiene el progenitor a la hora de pasar la cuota alimentaria. La interrupción del embarazo necesariamente obligaría a generar su equivalente respecto el padre. Esto es, el derecho de elegir ser padre del menor durante el período de gestación equivalente a la elección abortiva. A este fenómeno legislativo se lo conoce como “aborto masculino”, y está siendo debatido en países europeos como Suecia.
En cualquier caso, es muy relevante advertir que estamos sólo ante el inicio de un debate muy amplio.
Aborto: el dilema sin solución
Lamentablemente, como mencioné al inicio de esta nota, nos encontramos ante un problema sin solución. La inexistencia de opciones intermedias imposibilitan llegar a acuerdos sustentables y perdurables en el tiempo.
A su vez, la falta de honestidad intelectual que han demostrado ciertos grupos radicalizados no ayuda al debate. En los últimos años hemos sido testigos de toneladas de información falsa, promovida por quienes persiguen su propio lucro político o económico. Entre las falacias más conocidas podemos encontrar la manipulación de cifras, tanto sobre la cantidad de abortos, como sobre la cantidad de muertes maternas. Por supuesto, es aún más conocida la falacia pseudo científica que intenta confundir el concepto “inicio de vida”, con el “inicio de la conciencia humana”.
Sin embargo esta parte del debate escapa de mi objetivo actual. Sólo me resta manifestar mi máxima preocupación por la solvencia de nuestras instituciones, en manos de políticos que prometen promulgar leyes, despreciando el elemento técnico sobre el cual se sustenta nuestro sistema jurídico. Espero, sinceramente, ver en los próximos días un gesto de racionalidad.