Debo admitir que es muy común que mis clientes me hagan la siguiente pregunta. «Doctor ¿Por qué la justicia es tan lenta en nuestro país?»
Mi respuesta siempre apunta contra dos instituciones que considero que son nocivas para cualquier expediente. Por un lado, el Código de Procesal, el cual es ineficiente y está desactualizado. Por el otro, un sindicato judicial que impide el correcto funcionamiento de la justicia. Curiosamente estos problemas persisten a pesar de las duras críticas que elevamos los abogados, magistrados y los empleados honestos del PJN.
De cualquier modo, probar la existencia del segundo problema es más sencillo de lo que parece. Alcanza con mostrar la fotografía del último paro de los tribunales civiles en la Ciudad de Buenos Aires.
Así, luego de la feria no laborable de enero 2019 (a la cual habría que sumarle la última semana de diciembre, ya que no se trabajó por feriados y paros desde el día 23/12/2018 hasta el día 1/2/2019) las puertas de los juzgados volvieron a abrirse el día primero de febrero. Un viernes, por cierto, siendo al día siguiente fin de semana. Ahora bien, apenas iniciado el lunes los sindicatos ya habían empapelado los edificios públicos anunciando un paro general de dos días a partir del jueves.
Un sindicato que entorpece a la justicia
Lamentablemente, los empleados judiciales no han trabajado una semana en lo que va del año pero ya hicieron su primer paro de 48 horas. Obviamente, esto posterga aún más el servicio de justicia del contribuyente argentino, quien no encuentra soluciones óptimas a sus problemas legales.
Lamentablemente esta metodología no es una excepción. Es la regla. El año pasado hubieron más de quince paros de estas características.
A su vez, los expedientes judiciales duermen todos los años una siesta de 45 días al año gracias al instituto de “la feria”. Que por cierto son dos. La del mes de enero (31 días), y las dos semanas de invierno. A esto habría que sumarle los fines de semana, feriados nacionales, feriados especiales, ferias especiales (por ejemplo, desinfección, actualización informática, arreglos edilicios, vacaciones especiales o licencias de algún magistrado y un sin fin de etcéteras arudo de recordar) y por supuesto, los mencionados paros.
Seguramente habrá notado la diversidad de motivos que existen en el mundo del sindicalismo argentino para no trabajar. Con esto no sería erróneo afirmar que el poder judicial trabaja sólo la mitad del año. Esto genera inseguridad jurídica y, evidentemente, espanta a cualquier inversor.
En cualquier caso, el paro no sería tan indignante si el reclamo de fondo no fuera un insultante.
El reclamo de fondo. Aumento salarial
Como todos bien sabemos, los empleados del poder judicial viven exclusivamente de lo recaudado mediante impuestos y tasas contributivas. En otras palabras, viven del fruto del esfuerzo del contribuyente argentino. A cambio de este sacrificio económico el pueblo pide un servicio de justicia eficiente.
Lo que no es un dato tan conocido es que la escala salarial de los trabajadores judiciales tiene su piso en los $ 34.561 (para el puesto de ayudante, un trabajo no calificado) y su techo de $201.962, para los jueces de mayor jerarquía. Tampoco es menor resaltar que las jubilaciones de este rubro pueden tocar los $ 384.953 mensuales.
Tampoco se habla de que el salario mencionado es lo que recibe el trabajador, pero no lo que le cuesta al contribuyente. Esto se debe a que los salarios públicos siempre incluyen accesorios no remunerativos, premios, cargas de obra social, extras por titulación de colegio secundario, extras por titulación universitaria, impuestos patronales, cargas sociales y sindicales. En otras palabras, el ciudadano argentino paga más de lo que reciben los empleados del PJN y gran parte de esta brecha se debe al accionar del sindicato.
Ahora bien, lo que reclaman desde el sindicato es un aumento del gasto público de 10%, en concepto de salarios. Algo indignante, si tenemos en cuenta que la metodología utilizada es dejar sin justicia por 48 horas al contribuyente argentino. Si, a ese mismo que paga la fiesta sindical y no puede llegar a fin de mes por culpa un Estado que lo revienta a impuestos.
Aún más indignante resulta si tenemos en cuenta que el salario mínimo en el sector privado es de sólo $11.300. Un salario que en principio no alcanza para cubrir ciertas necesidades básicas. Vale aclarar que para que el empleado cobre ese dinero el empleador debe pagar al menos un 67% más, en concepto de cargas sociales e impuestos.
El papel de los abogados
Obviamente esta situación entre los litigantes, que ven postergada la posibilidad de resolver sus conflictos. Lamentablemente quienes tenemos que poner la cara para dar explicaciones somos los abogados, no los sindicalistas. No porque seamos parte del problema. Simplemente se nos ha dejado esta tarea a la fuerza. Lo cierto es que los sindicalistas nunca dan la cara.
https://youtu.be/km-sDQU2Yb4