En estos tiempos es difícil escribir sobre temas sensibles. Me gustaría advertir que el siguiente artículo tratará sobre la muerte de una mujer inocente y el mezquino aprovechamiento político de la desgracia ajena.
Con esta exclamación no estoy intentando justificar algún tipo de postura o tibieza. Simplemente intento pedirle al lector que comprenda la necesidad de tratar estos tópicos con el debido respeto y prudencia. Amén de compartir la preocupación que tenemos quienes creamos contenidos literarios y audiovisuales por igual. Es pertinente destacar que expresarse en contra de la corriente liberticida puede salir muy caro. Sin embargo alguien tiene que hacerlo. Aclarado esto, comencemos con el tema que nos atañe.
Con una agenda marcada por la tercer ola del feminismo, el Poder Legislativo Nacional sancionó la Ley Micaela. Esta obra jurídica tiene por único objetivo adoctrinar a los funcionarios y empleados del Estado en ideología de género. A su vez, prevé graves sanciones para aquellos que se nieguen a aceptar esta línea de pensamiento.
Inevitablemente veo la necesidad de hacerme dos preguntas. Por un lado, quisiera saber si verdaderamente alguno de estos legisladores considera que esta política puede solucionar nuestros problemas. Pero aún más importante, me gustaría saber si esa solución es lo suficientemente valiosa como para perder nuestra libertad de expresión.
El caso Micaela
Como toda tragedia, esta historia comienza con la muerte de una joven de 21 años a manos de un criminal violento. El nombre de la víctima era Micaela, y el apellido de su homicida es Wagner.
Lamentablemente Micaela se encontró al violador Wagner en el momento y lugar incorrecto. Por un error de nuestro sistema judicial el asesino estaba en libertad condicional cuando cometió el homicidio.
La libertad condicional de Wagner había sido dictada por el juez Carlos Rossi, de Entre Ríos. Por supuesto, tal decisión fue duramente criticada por la prensa y la doctrina jurídica calificada. Incluso el magistrado llegó a enfrentar un jury en su contra, si bien fue absuelto este año. Sin embargo los resultados negativos de su decisorio siguen vigentes. Es así que, poco tiempo después de su libertad condicional, Wagner estaría siendo juzgado por el caso Micaela. Y si bien fue condenado a prisión perpetua por la violación seguida de muerte, el daño producto de su liberación ya estaba hecho. La joven no volverá, y el consuelo nunca será suficiente para sus seres queridos.
El uso político de la desgracia ajena
Ahora bien, el caso Micaela significó una oportunidad para aprender de nuestros errores como sociedad. A todas luces existe una tensión entre la libertad condicional de los condenados y la seguridad de la ciudadanía.
En tal contexto, en el mes de abril del año 2017 se debatió en diputados el nuevo régimen de excarcelaciones. Este proyecto de Ley preveía la prisión efectiva para los condenados por el delito de violación. La normativa pudo haber significado una solución a casos como el de Micaela, o al menos hubiera sido un intento. Sin embargo la izquierda, tanto kirchnerista como tradicional, logró imponer el rechazo a esta propuesta legislativa.
Ahora bien, lejos de elegir soluciones razonables, estos mismos partidos políticos decidieron aprovechar la desgracia de Micaela para promover su propia agenda. Abusando del carácter de militante política que gozaba la joven, decidieron presentar bajo su nombre propuestas afines a la ideología de género.
Es así que Wagner dejaría de ser un criminal liberado por la falencia de nuestra legislación o la negligencia de un juez abolicionista. En todo caso, Micaela pasaría a ser una víctima de la conspiración machista que odia a la mujer. En otras palabras Micaela sería una víctima del patriarcado y consiguientemente una buena excusa para captar votos.
Prioridades desacertadas, reflejo de una dudosa moral
Como habíamos indicado en el apartado anterior, el kirchnerismo presentó La Ley Micaela. Vale aclarar que tal nombre no es un apodo de la prensa, sino la denominación oficial del proyecto legislativo.
Fue así que en menos de 24 horas la Cámara de Senadores convirtió en ley el adoctrinamiento en materia de género. Esta normativa de sólo once artículos, y con fundamentación escrita en «lenguaje inclusivo«, se limita a obligar a toda la planta estatal a capacitarse en «temática de género». A su vez, prevé castigo ejemplar para quienes no quieran recibir este adoctrinamiento y designa una autoridad de aplicación.
Vale aclarar que en el cuerpo de ley no se describe que es la temática o perspectiva de género. Tampoco existe una definición en los fundamentos del proyecto. Por lo que la Ley nacería con un enorme vicio de vaguedad. Nadie sabe bien cuáles serán los límites o lineamientos de los cursos a dictarse. Está de más decir que la norma atenta contra la libertad de pensamiento y aumentará el gasto público.
Ahora bien, en ese mismo periodo de tiempo los legisladores decidieron que era una buena idea postergar para el año que viene las leyes sobre financiamiento de los partidos políticos y la lucha contra la violencia de las barras bravas.
Al parecer para algunos legisladores la prioridad no es el déficit fiscal ni la inseguridad. La prioridad es la ideología de género, la cual no conforme con no solucionar nuestros problemas se da el lujo de ser contraria a la Constitución Nacional.
El autoritarismo hecho norma
El espíritu autoritario de la «Ley Micaela» se puede apreciar en todo su esplendor en su artículo octavo. El mismo prevé el castigo para aquellos que se nieguen a recibir adoctrinamiento en ideología de género.
Este artículo indica que aquellos que no se presenten a la capacitación obligatoria serán intimados de manera fehaciente. En caso de no hacer caso a la intimación se los considera culpables de una falta grave, la cual los convierte en sujeto pasivo de sanciones disciplinarias. A su vez, el Consejo Nacional de las Mujeres podrá publicar sus nombres en un sitio web oficial del Estado.
En pocas palabras, con el aplauso de las mayorías el Poder Legislativo acabamos de legalizar la persecución ideológica, el escrache público y el adoctrinamiento estatal. No sólo se autoriza a adoctrinar a los funcionarios públicos. También se permite su castigo, amenaza y difamación pública.
El huevo de la serpiente
Es pertinente aclarar que la perspectiva de género no es otra cosa que una ideología política y filosófica. La misma se opone a principios básicos de nuestra Constitución Nacional como la presunción de inocencia o el debido proceso. El asunto es que ha quedado demostrado que esta ideología no ataca los problemas de fondo. En lugar de modificar los defectos e insuficiencias de nuestra ley penal, los ideólogos de género prefieren inculcar preceptos morales.
Un Estado de derecho democrático debería abstenerse del adoctrinamiento de la población. Si algo nos ha enseñado la historia es que los delincuentes son peligrosos, pero que el Estado sin límites puede ser aún más peligroso.
Por tal motivo, me gustaría usar estas últimas líneas para que reflexionemos. Es importante que hagamos un llamado a la cordura. Es hora de aprender de una vez y para siempre que el fin no justifica los medios. Que la seguridad no se soluciona aboliendo la libertad de conciencia. De hecho, ningún problema conocido por el hombre se ha solucionado sacrificando las libertades del individuo. Quizás sea hora de tener más perspectiva jurídica y menos perspectiva de género.